domingo, 8 de enero de 2012

LA REVOCATORIA EN GUADALUPE

La Revocatoria es un legítimo derecho democrático que tiene la población cuando no está de acuerdo con el actuar de una autoridad elegida. Esto sin duda, puede ser tomado como una venganza de los adversarios políticos, o por revanchismos injustos. Pero cuando en plazas y esquinas, en centros poblados y calles se siente ese tufillo de los vecinos y vecinas, que ya no soporta ver tanta ineficiencia de su autoridad, difícilmente podemos llamarlo venganza.

La alcaldesa de Guadalupe es una de esas autoridades de la Provincia de Pacasmayo que se enfrenta ante esta situación de revocatoria. Si bien no hay una encuesta veraz que mida su popularidad, basta que uno pregunte por cualquier calle o plaza del distrito, incluido sus centros poblados, para darse con una respuesta clara de desaprobación.

La población guadalupana pide obras de impacto y transparencia, pero también pide que la autoridad elegida tenga más humildad y respeto hacia ellos, que escuche los clamores y problemas de la gente. Nada de eso ha sucedido con la alcaldesa.

Pienso que más que un problema de ideas y planteamientos (que sobran y abundan), el problema es de personas, porque hay que ser conscientes que por más buena voluntad que tenga la alcaldesa, su problema principal fue elegir a su gente de confianza para trabajar con ella en la municipalidad. Indudablemente las personas de confianza que la alcaldesa llevó a la municipalidad, son inexpertas, que llegaron al puesto a aprender o a descubrir cosas, cuando ya todo está descubierto en la administración pública. Y peor, cuando la alcaldesa está para aprender.

Bajo su año de mandato, la alcaldesa de Guadalupe ha tenido que lidiar con innumerables problemas, a veces provocados por su mal asesoramiento. Y esto empezó desde su juramentación, cuando un mal asesoramiento la hizo juramentar frente a un Congresista de la República, y no frente a su Teniente Alcalde o Primer Regidor, como lo estipula la norma; de ahí mucha agua corrió bajo el puente, hasta hoy que estalla el caso “Mama Pancha”.

Tener malos asesores o malos gerentes te pasa la factura, y también no tener autoridad para manejar una Municipalidad, y peor aún si no tienes el conocimiento suficiente.

¿La revocatoria es un atraso para Guadalupe? De seguro mi respuesta no va a agradar a pocas personas, pero si a muchas. La revocatoria no es un atraso, porque ya la administración pública no es como antes, y por los siguientes motivos: porque ahora al irse una autoridad, ya deja aprobado el presupuesto participativo que elaboró conjuntamente con los miembros de la Sociedad Civil; los funcionarios ediles quedan en sus puestos, hasta que paulatinamente se vayan haciendo los cambios; el cambio de la firma del alcalde ante el Ministerio de Economía para los desembolsos son más rápidos; los proyectos en ejecución o los proyectos enviados al SNIP siguen sus cursos normales.

La nueva autoridad elegida después de la revocatoria, y para agilizar y mantener el rumbo, tendría que hacer los cambios gerenciales paulatinamente, y no como la actual alcaldesa, que hizo los cambios de las gerencias muy rápido, dejando de lado la experiencia de años de ese personal que se fue de la anterior gestión, y que ahora le está pasando la factura.

Actualmente el piso aún está parejo para la alcaldesa, porque la compra del Kit de revocatoria no significa que ya la revocaron. Aún se tienen que conseguir las 5,917 firmas, y ya depende de la convocatoria que tenga el ciudadano Augusto Sánchez Zapata para obtenerlas antes del 25 de Mayo de este año.

Ahora la pregunta es: ¿La alcaldesa de Guadalupe hará los cambios pertinentes para modificar y enrumbar su actual gestión, o seguirá tan oídos sordos como hasta hoy?

Porque de seguir con su actual manera de trabajar, y con su misma gente en la Municipalidad, yo si estampo mi firma, así me gane la antipatía de pocos y la empatía de muchos, porque no dejaría que mi Guadalupe tenga 3 años más de atraso.

jueves, 5 de enero de 2012

LA LEY MORDAZA: UNA NORMA QUE PUEDE MANDAR A LA CARCEL A UNA PERSONA QUE UTILIZA EL FACEBOOK, TWITTER, BLOG.

El Pleno del Congreso aprobó la denominada "Ley mordaza", propuesta planteada por el Congresista Bedoya, la cual castiga con una pena de entre dos y cuatro años de cárcel al que interfiera, escuche o difunda una comunicación privada. ¿Atenta esto con la libertad de expresión?


Definitivamente en los últimos años ha habido un abuso por parte de varios medios de prensa en la publicación de contenidos provenientes de comunicaciones privadas. Y el agua que derramó el vaso fue sin duda, y como lo ha señalado el autor del Proyecto de Ley, la difusión del audio donde Lourdes Flores y Xavier Barrón hablaban sobre las elecciones municipales. ¿Fue de interés público saber lo que ambos personajes conversaban privadamente sobre temas que no acarreaban un delito? Por ello y en teoría la Ley pretende subsanar ese problema, el de la privacidad.


En cuestión la norma propone modificar el artículo 162º del Código Penal, denominado interferencia y difusión de comunicaciones privadas. Esto debido al aumento de casos de dicho crimen y la falta de una sanción proporcional a quienes quebranten el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.


La Directora Ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana, Kela León, manifestó que esta Ley es una herramienta que “limita” la labor periodística y es “censura en la práctica” y “anticonstitucional”.


Lo que señala la Señora Kela León no deja de tener razón, pues lo que provocará es, por un lado, un mayor o hasta excesivo celo por parte de los medios para publicar material “de interés público”. Quizá tengan que discutirlo arduamente con los abogados. Y esto es limitante en la labor periodística, porque se dependería de los abogados y sus interpretaciones, porque la Ley no es muy clara.


Erick Iriarte Ahon, Socio Principal y Jefe del Área de Derecho y Nuevas Tecnologías de Iriarte & Asociados, señala que “…la Ley incluye la palabra `difusión´, y esto conlleva a que no se trata de solo aquel que interfiere o escucha sino que el que divulga así no haya interferido o escuchado sea posible de sanción. De esta manera tenemos que si alguien publica en su blog o rebota una noticia en el facebook, o hace un RT (Re-Tweet) en el twitter, de un contenido de una comunicación privada que un tercero interfirió o escuchó también es sancionable. La norma no hace distinción sobre el formato donde se publique el contenido accedido, por ello la norma es bien abierta y por ende, puede permitir cualquier cosa.


Si esta Ley se promulga, definitivamente estaremos asistiendo a un espectáculo judicial de proporciones en contra de los medios de comunicación, y de igual forma contra personas ajenas a estos, como los twitteros, los blogueros, etc. No hay que olvidar que los casos más grandes de corrupción en los últimos años en Perú han sido revelados gracias a la difusión de audios o videos.


Es por eso que estoy a favor que se abra el debate nacional sobre este tema, y por lo tanto los medios de comunicación deberían autorregularse, y que se distinga entre un delito y un asunto netamente privado como revelación en un audio o video.


Observar la autógrafa de Ley por parte del Presidente Humala para un mejor estudio y análisis, debería ser el primer paso para iniciar el debate, porque la Prensa a pesar de todos sus errores, han sido los que han promovido la fiscalización y la lucha contra la corrupción que ninguna autoridad o institución ha podido hacerlo y combatirlo.